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La Reforma Hacendaria es de vital importancia para las ambiciones y proyectos del Estado mexicano. Desde que el ejecutivo presentó su proyecto de reforma, la discusión en el país ha girado en torno a la eficiencia que tendrá como mecanismo para impulsar el desarrollo y a cómo será la distribución de la carga tributaria. Mencionaba en otra entrada que en realidad no se propone un cambio de fondo en el sistema tributario; a pesar de la eliminación de algunos impuestos y arbitrariedades, el sistema sigue malabareando preferencias para aplicarles tasas impositivas y lograr recaudar un monto igual o superior al anterior. Progresividad y redistribución son términos de vital importancia para la propuesta del ejecutivo federal, así como la confianza en la buena administración de los recursos que harán ésta y futuras burocracias.
Al respecto, me parece pertinente realizar algunos comentarios sobre un proyecto alternativo de reforma fiscal que han propuesto varias organizaciones, entre ellas el Movimiento Libertario de México. Me parece una reforma interesante que genera un debate entre quienes defienden la libertad individual y el gobierno mínimo. Más que criticar o apoyar la propuesta, quisiera realizar algunas reflexiones rápidas en torno a la idea del Impuesto Único a las Ventas.
El año pasado el gobierno mexicano succionó los recursos de los ciudadanos de quince maneras diferentes. Además de los siempre presentes ISR e IVA, el IETU y los impuestos especiales sobre ciertos bienes y servicios lograron recaudar, solo en 2012, $1,314 miles de millones de pesos. Hasta el año pasado, la enredadera de impuestos y gravámenes especiales que el gobierno mexicano ha tendido lucía así:
La propuesta del Impuesto Único a las Ventas, como su nombre lo indica, busca remplazar en su totalidad el esquema tributario por un sólo impuesto del 9.6% a todas las ventas, a diferencia del IVA que recae por completo en el consumidor final. La ventaja es evidente para el contribuyente cautivo, quien de manera inexorable tiene que lidiar con uno o más esquemas para pagar por lo que gana o lo que consume. En otras palabras, el impuesto facilitaría nuestras obligaciones fiscales con el gobierno: si todos los ingresos fuesen gravados con una misma tasa, se simplificarían el esquema tributario y la burocracia.
Las ventajas autoproclamadas de la propuesta son: su sencillez, un menor costo de administración (para el gobierno y los contribuyentes), pocos estímulos para evadirlo (se amplía la base tributaria) y mayor control gubernamental, estímulo a las inversiones con mayor dinamismo y crecimiento económico (posiblemente hasta aumente la recaudación), y la eliminación de exenciones y variedad de regímenes. Sobre todo, destacan la capacidad de recaudar más o lo mismo que antes con menores contribuciones para los cautivos que las actuales.
Pero un detalle que salta a la vista inmediatamente, es que si con el IUV se recaudaría lo mismo que con los 15 impuestos actuales pero en “general pagaríamos menos” ¿de dónde sale el resto de los recursos? Como Bastiat bien decía, el gobierno no es una fuente de la que emanen bienes a repartir, y todo lo que da a unos (o a “todos”) lo tiene que quitar antes a otros (¿o a todos?). Dado que el gasto y el tamaño del Estado no buscan ser reducidos por ningún oferente político, es dudoso pensar que éstos disminuirán su propio tamaño. Entonces, ¿quiénes serán estas almas solidarias que ahora cargarán con el peso tributario? La respuesta: quienes han sido más o menos exitosos en evadir las 15 formas de robo legal vigentes en México. Así surge la primera reflexión al respecto: ¿esto es algo bueno?
Seguramente la respuesta a esa pregunta depende de cómo nos ha ido en la feria. Para los que no nos queda otra opción más que pagar impuestos, el sentimiento moral de igualdad nos hace pensar que repartir entre más la desagradable tarea de mantener al Estado es algo en sí justo. La igualdad también tiene un punto fuerte con el IUV ya que disminuye la discriminación arbitraria del Estado que actualmente carga la mano a quienes fuman, apuestan, toman o tienen alguna otra preferencia sancionada por alguno de los 15 impuestos. El segundo argumento me parece más razonable, el primero es una especie de “mamá, mi vecino no está pagando impuestos” (y a mi no me queda otra opción más que pagarlos, por eso reclamo).
El caso de la libertad es un poco más complicado de entender. Probablemente no hay más que dos personas a las que les interese: el informal y el libertario. Para el informal se trata de una defensa del interés personal. Para el libertario – para quién el esquema impositivo actual es inaceptable por la justificación redistributiva de la extracción – se trata de defender a quienes logran evitar sufrir un mal compartido por muchos frente a las acusaciones del estilo “si yo pago que todos paguen” y de poner sobre la mesa el tema de fondo: el gasto actual del gobierno es injusto, así como lo es exigirnos contribuir con él.
Me parece que el principal problema de la propuesta del IUV desde una perspectiva de gobierno limitado y libertad individual es su superficialidad. Si bien el documento que presenta la propuesta habla del realismo sobre lo que se puede o no esperar del gobierno, la idea de que se discuta de fondo una justificación para el gasto público mínimo es desechada por sus autores, aunque se mantiene la esperanza de que, sin ninguna razón aparente, eventualmente disminuya ese 9.6%. Por lo demás, hemos visto cómo las ventajas que presenta la propuesta bien podrían ser vistas legítimamente como desventajas por otros, como el control del gobierno y la reducción del margen de maniobra para evadir una ley injusta (que quizá roba de manera más igualitaria, pero que de todas formas roba con fines no justificables). Aún así el IUV me parece una iniciativa con más valor moral y económico que la propuesta por el ejecutivo federal y creo que debería abrirse un serio debate al respecto.
